Salud

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El 3 de abril se llevó a cabo en La Usina Social un nuevo encuentro del ciclo Hablemos de la reforma, centrado en uno de los ejes fundamentales del debate constitucional: el derecho a la salud.

A partir de lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Necesidad de Reforma, que propone “extender la protección del derecho a la salud, tanto en su esfera individual como en su esfera social”, se convocó a profesionales, referentes institucionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil vinculadas al sistema sanitario provincial, con el objetivo de reflexionar colectivamente sobre los desafíos estructurales y las oportunidades que abre la reforma constitucional.

Participaron del encuentro: Lionella Cattalini, Ciro Seisas, Joaquín Blanco, Verónica Irízar, Mónica Fein, Mónica Libborio (Instituto de Salud Colectiva / CEMUPRO), Ángela Prigione (Colegio Médico 2da Circunscripción), Mariana Rivero (Asociación Hablemos de Endo), Marcela Cieri (Colegio de Fonoaudiología), Gabriel Figueroa (Hospital Las Parejas), Rosa Dutto (Ministerio de Salud), Juan Pedro Bonifazzi (Coordinación de Atención Primaria) y Analía Chumpitaz (Dirección Provincial de Promoción y Prevención), entre otros actores del sistema de salud.
 

Introducción
La Ley de Necesidad de Reforma en su Artículo 19 plantea “extender la protección del derecho a la salud, tanto en su esfera individual como en su esfera social”. De esta manera, habilita el debate para pensar qué sistema de salud provincial se quiere delinear en la nueva Constitución de Santa Fe. En este sentido, se convocaron actores clave del área de salud locales y provinciales para pensar en torno a este eje.

Metodología de trabajo
En este encuentro la metodología de trabajo implementada constó de la apertura del diálogo mediante la conformación de una lista de oradores. Se creó un espacio de debate horizontal en el que todos los presentes tuvieron la oportunidad de intervenir, contando con 5 (cinco) minutos para realizar una exposición vinculada a la incorporación del derecho a la salud en la Reforma Constitucional. A continuación se presentan los principales puntos de cada una de las intervenciones, en el orden en que fueron realizadas.

Informe de intervenciones
Luego de la apertura y bienvenida de Cecilia Nieto, Lionella Cattalini inauguró el debate planteando que la reforma constitucional representa una oportunidad para proyectar una provincia con mirada de futuro, donde el derecho a la salud ocupe un lugar central. Destacó la importancia de pensar la salud de forma integral, articulando los sistemas público y privado, y garantizando el acceso a medicamentos y otros derechos colectivos. Reivindicó la tradición progresista que posicionó a Rosario como referente en salud pública y que se buscó replicar a nivel provincial. Señaló además la necesidad de construir consensos amplios sobre salud y otras cuestiones institucionales clave para el desarrollo de Santa Fe.

A continuación, tomó la palabra el Senador por Rosario candidato a constituyente departamental Ciro Seisas, quien destacó que la reforma constitucional debe responder a demandas sociales y consolidar una provincia con mayor transparencia y legitimidad institucional. Propuso que la ley de ficha limpia, que impide que personas condenadas por corrupción sean candidatas, adquiera rango constitucional. También planteó la eliminación de los fueros parlamentarios y el establecimiento de un límite de una sola reelección para todos los cargos, incluido el de gobernador. Subrayó la necesidad de combatir la desinformación y promover una reforma con amplio consenso social. Además, señaló la importancia de incluir nuevos derechos como el acceso al agua y la educación digital integral, con el objetivo de construir una Constitución de avanzada que escuche a la ciudadanía.

En tercer lugar, Joaquín Blanco sostuvo que la salud es una temática atravesada por una disputa ideológica no saldada en la provincia de Santa Fe. Señaló que, si bien ha habido avances desde el retorno de la democracia y en particular desde la gestión de Hermes Binner, esos cambios no cuentan con respaldo normativo, lo que ha provocado una fragilidad estructural en el sistema, con avances y retrocesos según los contextos políticos. Remarcó la necesidad de que la reforma constitucional otorgue sustento legal a un sistema de salud pública, universal e integrado, y convocó a los actores del sector salud a organizarse e incidir activamente en el debate, como ya lo han hecho otros sectores de la sociedad civil. Destacó que el reconocimiento constitucional del derecho a la salud es una oportunidad histórica para consolidar una política sanitaria sostenida en el tiempo.

En cuarto lugar tomó la palabra quien actuó como moderador del encuentro, Andrés Lanaro destacó la importancia de que la salud sea uno de los ejes prioritarios en el debate por la reforma constitucional de Santa Fe. Valoró que el artículo 19 de la ley de necesidad de reforma, aunque breve, representa una gran oportunidad al ampliar la protección del derecho a la salud en sus dimensiones individuales y colectivas. Sostuvo que este artículo debe ser entendido como un piso y no un techo, y que su incorporación permite avanzar hacia una Constitución que garantice conquistas sociales ya logradas, evitando retrocesos futuros. Consideró fundamental que el debate actual nutra el trabajo de la convención constituyente y agradeció la participación activa de las y los actores del sistema de salud en este proceso.

En quinto lugar Ángela Prigione, en representación del Colegio Médico de la Segunda Circunscripción, celebró la posibilidad de debatir el lugar de la salud en la reforma constitucional. Subrayó el carácter histórico del momento y advirtió que, si el sector no se involucra activamente, corre el riesgo de quedar al margen. Señaló que, aunque Rosario fue pionera en políticas sanitarias, la salud en la provincia sigue siendo normativamente débil, lo que permite avances y retrocesos según los contextos políticos. Destacó la necesidad de consagrar derechos ya adquiridos —como salud mental, salud reproductiva, niñez y adicciones— y de regular el uso de tecnologías médicas desde una perspectiva científica. Reivindicó proyectos legislativos anteriores que propusieron unificar el sistema de salud, pero que perdieron estado parlamentario. Finalmente, expresó el compromiso del Colegio Médico y la Asociación Médica de Rosario con el proceso constituyente, y pidió que la salud esté presente en todos los aspectos posibles del nuevo texto constitucional.

En sexto lugar Mónica Libborio realizó un recorrido por la constitución vigente, a partir del cual propuso incorporar a la nueva Constitución una mirada desde la salud colectiva, superando el paradigma tecnocrático centrado en la enfermedad. Señaló la necesidad de que el Estado sea garante del derecho a la salud, no como formulación vacía, sino como base de políticas con enfoque en la medicina social, la promoción y la participación ciudadana. Defendió un sistema de salud integral —no único— que contemple las distintas etapas de la vida y problemáticas actuales. Puso en contraposición el sistema de salud de Brasil, el cual a su juicio no funcionó correctamente. Subrayó la importancia de reconocer la producción pública de medicamentos como política estratégica de acceso equitativo y control de costos, destacando el rol del Laboratorio de Especialidades Medicinales (LEM) y el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF). Finalmente, propuso reemplazar la noción de “persona humana” por la de “sujeto histórico”, con agencia sobre su salud y participación activa en su construcción como derecho.

En séptimo lugar expuso Mariana Rivero, integrante de “Hablemos de Endo”, quien subrayó la necesidad de visibilizar enfermedades como la endometriosis en el marco de la reforma constitucional. Denunció que, pese a la existencia de la Ley Provincial 14.030, esta no se aplica por falta de reglamentación. Reclamó un abordaje integral de la salud que incluya equipos interdisciplinarios y acceso garantizado a tratamientos. También pidió una visión más humana del paciente y apoyo económico ante los altos costos. Propuso avanzar en la ampliación de derechos y en el reconocimiento de enfermedades poco conocidas pero altamente discapacitantes.

En octavo lugar, Marcela Cieri, presidenta del Colegio de Fonoaudiólogos, reclamó visibilización de la disciplina y sus múltiples áreas de incumbencia en el marco de la reforma constitucional. Enfatizó la importancia de pensar la salud desde la integralidad y centrada en el sujeto, destacando la necesidad de garantizar prácticas como el screening auditivo neonatal —clave para la detección temprana de hipoacusia—, que en algunos casos no se realiza por falta de mantenimiento del equipamiento. Reivindicó un abordaje interdisciplinario, ya que la fonoaudiología interviene a lo largo de todo el ciclo vital, desde la deglución en recién nacidos hasta los trastornos del habla en adultos mayores. También alertó sobre nuevos desafíos como el impacto de las pantallas en la infancia. Propuso que la reforma contemple un enfoque que incluya estas problemáticas y reconozca a las disciplinas muchas veces invisibilizadas, para garantizar efectivamente los derechos de la población en materia de comunicación y salud integral.

En noveno lugar, tomó la palabra Gabriel Figueroa, Director Médico del Hospital de Las Parejas, quien subrayó la importancia de garantizar el derecho a la salud en localidades pequeñas, donde muchas veces no se accede a la misma atención que en las grandes ciudades. Reivindicó el rol fundamental de la atención primaria y alertó sobre su desvalorización frente a la expansión hospitalaria. Señaló que, aunque las patologías no han cambiado, la medicina se ha tecnificado, y el acceso a tratamientos de alta complejidad sigue siendo desigual. Valoró la realización del encuentro como una oportunidad para visibilizar estas realidades y pidió incluirlas en la discusión constitucional. Además, mencionó desafíos como la falta de espacios adecuados para salud mental y adicciones, que terminan recayendo en estructuras hospitalarias no preparadas. Figueroa llamó a “ver del otro lado de la caña” y articular políticas que contemplen tanto las ciudades como los pueblos, asegurando un acceso equitativo y efectivo a la salud para toda la población.

En décimo lugar, Rosa Dutto, directora de la Región de Salud Nodo Rosario, propuso incluir en la reforma constitucional una revisión profunda de la Ley SAMCo, que regula el funcionamiento de efectores de salud en muchas localidades del interior de la provincia. Señaló que esta ley impacta fuertemente en la gestión sanitaria, ya que la participación en las comisiones SAMCo —frecuentemente atravesadas por intereses políticos— puede condicionar decisiones clave, incluso dejando sin voto a directores de hospitales. Dutto subrayó la necesidad de una mayor institucionalidad y autonomía en la toma de decisiones sanitarias, y advirtió que esta situación genera problemas sostenidos en el tiempo. También mencionó otras estructuras como los hospitales descentralizados y consejos asesores, con modalidades administrativas distintas. Coincidió con exposiciones anteriores en la urgencia de fortalecer la salud pública en localidades pequeñas y agradeció el espacio de diálogo como una instancia clave para visibilizar estas problemáticas históricas.

La décimo primera intervención estuvo a cargo de Juan Pedro Bonifazzi, Coordinador de Atención Primaria del Ministerio de Salud de la región, quien en su carácter de médico y docente, propuso aportar una perspectiva técnica para enriquecer el debate desde una mirada estructural del derecho a la salud.
Planteó como eje central la tensión entre dos modelos: el sistema de seguro (predominante en la interpretación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional) y el sistema integral de salud. En su visión, este es un debate crucial que debe abordarse de manera explícita en la reforma constitucional. Señaló que el derecho a la salud no figura de manera directa en la Constitución Nacional de 1994, sino que su existencia como derecho se desprende de la interpretación jurídica de tratados internacionales y del artículo 14 bis, que refiere a derechos laborales y previsionales, configurando así una lógica de aseguramiento. En cambio, afirmó, es necesario consagrar una concepción de salud como derecho humano fundamental, garantizado por el Estado de manera universal y no mediada por la capacidad de pago, como sucede en los modelos de seguro.

Frente a esa omisión en la Constitución Nacional, valoró que el artículo 19 de la Constitución Provincial de Santa Fe sí reconoce a la salud como un derecho fundamental, lo que permitió históricamente el desarrollo de un sistema de salud público robusto en la provincia. Defendió una visión positiva de la actual Constitución provincial, subrayando que su diseño institucional facilitó políticas públicas en salud, vivienda y asistencia social, aunque consideró que es momento de profundizar y actualizar esas bases.

Bonifazzi propuso que el derecho a la salud figure expresamente en el preámbulo de la nueva Constitución, del mismo modo que se menciona el derecho al trabajo y a la educación. Sostuvo también que, en términos estructurales, la salud merece una sección específica dentro del texto constitucional, como ya la tiene la educación, en lugar de contar solo con uno o dos artículos dispersos.

En cuanto al contenido de ese capítulo, propuso que la salud sea concebida y definida con un enfoque integral, interdisciplinario, intercultural, con perspectiva de género y diversidad, promoviendo que estos principios sean explícitos en la redacción constitucional. Además, subrayó que el artículo 19 no solo reconoce el derecho a la salud, sino también que las actividades profesionales vinculadas a la salud tienen una función social, lo que implica una responsabilidad colectiva e institucional que excede lo meramente técnico-asistencial. Esta función social, destacó, debe ser reafirmada y fortalecida en el nuevo texto constitucional.

Asimismo, incorporó la perspectiva de los determinantes sociales de la salud, articulando la necesidad de que la discusión sobre salud en la Constitución esté conectada con otros derechos y condiciones estructurales, como el trabajo (artículo 21), la vivienda, la educación, el ambiente y el acceso al agua. Consideró especialmente relevante la dimensión ambiental por su creciente incidencia en los procesos de salud-enfermedad y apoyó su inclusión expresa como derecho constitucional.

En cuanto a la organización del sistema de salud, defendió el proceso de regionalización sanitaria impulsado por la provincia en los últimos años, valorándolo como una estrategia efectiva para fortalecer la autonomía local y mejorar la equidad en la atención. Propuso que esta estructura de regionalización sea incorporada en el texto constitucional, de modo de consolidarla como política de Estado. En la misma línea, planteó que los distintos niveles de atención —especialmente el primer nivel— también sean reconocidos explícitamente. Señaló que el crecimiento del primer nivel en estos años ha sido notable, aunque en muchos casos ha sido sostenido por los municipios, lo cual abre interrogantes sobre su autonomía y financiamiento en clave de organización federal y descentralización.

Finalmente, adhirió a los planteos previos sobre la urgencia de revisar la Ley SAMCo y los modelos de hospitales de autogestión, advirtiendo que estas figuras institucionales reproducen esquemas neoliberales que contradicen la lógica de un sistema universal de salud. Advirtió que no alcanzar una transformación en esta dimensión perpetuaría la inequidad y la lógica mercantil, y llamó a una discusión política profunda que permita avanzar hacia un verdadero sistema de salud público, estatal e integrado.

En décimo segundo lugar, Analía Chumpitaz, Directora Provincial de Promoción y Prevención de la Salud, remarcó la necesidad de iniciar el debate constitucional desde una definición ideológica de salud, superando el enfoque limitado de la Constitución vigente, que solo la concibe como bienestar biofísico-social. Señaló que el artículo 19 menciona promoción, prevención y rehabilitación, pero omite aspectos claves como la atención, el cuidado y los cuidados paliativos. Propuso incorporar un capítulo específico sobre cuidados, incluyendo el enfoque de género, diversidad e interculturalidad, especialmente ante el vaciamiento de políticas nacionales que afectan a personas con cáncer, discapacidades o en tratamientos hormonales. Advirtió que la salud no debe descontextualizarse, y subrayó el rol indelegable del Estado como garante, sobre todo ante la ineficacia de obras sociales y prepagas. Por último, instó a incluir en la reforma un capítulo sobre la accesibilidad a los medicamentos, especialmente para adultos mayores, actualmente desprotegidos.

En décimo tercer lugar, Aníbal Vega, médico y director del SAMCo de María Susana, relató su experiencia personal con la Ley SAMCo, señalando las dificultades que enfrentó para renovar la Comisión local, lo que implicó un proceso comunitario complejo y desgastante, exponiéndolo frente a vecinos en votaciones públicas. Consideró urgente revisar ese mecanismo. También criticó fuertemente el accionar del gobierno nacional en relación con el acceso a medicamentos, el cierre de dispositivos de salud mental y los recortes en salud pública, calificándolo como criminal. Subrayó la importancia de atraer y retener jóvenes profesionales en el interior, lo cual requiere acompañamiento institucional, cargos estables y herramientas básicas de trabajo. Destacó que garantizar el recurso humano mejora la accesibilidad y evita la sobrecarga de ciudades como Rosario o Santa Fe. Concluyó que fortalecer los servicios locales también reduce traslados evitables, como en casos de embarazos, protegiendo recursos limitados como ambulancias y personal médico.

En este punto, retomó la palabra Mónica Libborio para aportar dos puntos centrales que considera fundamentales. En primer lugar, planteó la controversia entre los conceptos de "cobertura" y "accesibilidad" en salud: rechaza la noción de cobertura por estar asociada a un modelo de seguro de salud, y sostiene la necesidad de repensar la legislación en clave de accesibilidad efectiva y continua, en sintonía con lo expuesto por otros participantes. En segundo lugar, propuso fortalecer la articulación entre el sistema de salud y las universidades, ya que considera clave que la formación del recurso humano en salud esté alineada con las necesidades del sistema público. Destaca la importancia de generar espacios de diálogo real entre la gestión y la academia para la definición conjunta de políticas públicas, apelando a su propia experiencia en ambos ámbitos. De este modo, planteó dos ejes estratégicos para pensar una reforma sanitaria: el conceptual y la formación profesional.

Para continuar con el debate, Belén, integrante de la ONG “Hablemos de ENDO”, resaltó la falta de investigación en Argentina sobre la endometriosis. Destaca la demora en el diagnóstico. Propuso incentivar la investigación en salud para brindar a los médicos mejores herramientas y mejorar tanto la atención en el sistema público como privado.

Sobre el final, tomó la palabra Verónica Irízar para destacar la importancia de definir claramente las responsabilidades y los mecanismos de financiamiento entre los distintos niveles del Estado en materia de salud. Mencionó el caso de Rosario, donde el municipio ha asumido competencias en salud pública de segundo y tercer nivel, incluso de alta complejidad, a pesar de que, según la Constitución vigente, estas son responsabilidades provinciales. Advierte que no establecer con precisión quién debe financiar qué puede poner en riesgo convenios como el de salud.

Por último, Mónica Fein contribuyó al debate resaltando que el proceso de reforma constitucional debe ser un punto de partida participativo, donde distintos actores del sistema de salud —profesionales, usuarios y representantes institucionales— expresen sus demandas y perspectivas. Propuso que la nueva Constitución establezca una definición amplia y sólida del derecho a la salud, que trascienda los cambios de gobierno y permita recurrir a la justicia ante eventuales retrocesos, como la eliminación de programas nacionales clave. Planteó la necesidad de incorporar una visión integral de salud, que contemple el ambiente, las zoonosis y otros determinantes, e insiste en que la Constitución debe resguardar derechos y habilitar futuros desarrollos normativos, ante cambios tecnológicos y sociales.

 

Conclusiones

El encuentro dejó en claro un amplio consenso entre las y los participantes: la reforma constitucional representa una oportunidad histórica para consagrar el derecho a la salud como un derecho humano universal, integral e inalienable, que debe ser garantizado por el Estado más allá de contextos políticos o coyunturales.

A lo largo de las exposiciones se coincidió en la necesidad de superar el enfoque biomédico tradicional e incorporar una concepción amplia e interdisciplinaria de la salud, que contemple sus dimensiones sociales, culturales, ambientales, psicológicas y territoriales. Se propuso una mirada que incluya derechos como la salud mental, la diversidad, la interculturalidad, el acceso a medicamentos, los cuidados, las enfermedades poco visibilizadas y los determinantes sociales de la salud.

Otro eje central fue el llamado a fortalecer el rol indelegable del Estado en la garantía del derecho a la salud, evitando que el acceso a prestaciones dependa de la capacidad de pago o de acuerdos transitorios entre niveles de gobierno. Se planteó la necesidad de establecer de forma clara en la nueva Constitución las responsabilidades de los distintos niveles del Estado —provincial, municipal y comunal— junto con los mecanismos de financiamiento.

Asimismo, se subrayó la importancia de garantizar la equidad territorial, atendiendo especialmente las realidades de las localidades del interior, fortaleciendo el primer nivel de atención, incentivando la radicación de profesionales y asegurando el acceso a infraestructura, equipos y tratamientos en todo el territorio.

Por último, se propuso avanzar hacia un modelo de gestión más participativo y democrático del sistema de salud, revisando las normativas actuales, como la Ley SAMCo, e integrando a los distintos actores sociales, académicos y comunitarios en la construcción de políticas públicas sostenidas, con perspectiva de derechos.