Infancias

Infancias

El encuentro sobre infancias del ciclo Hablemos de la reforma tuvo lugar el 26 de marzo en La Usina Social (Jujuy 2844, Rosario).

 

Participaron del encuentro: Lionela Cattalini, Varinia Drisun, Melisa Arrieta (ONG Aldeas Infantiles Argentina), Analía Colombo (asesora de Varinia en la Cámara de Diputados y ex oficial de protección de UNICEF y ex Defensora Provincial de Niños), María Angélica Piñata (politóloga e investigadora de CONICET), Alejandra Ingaramo (politóloga, docente y trabajadora del Plan Abre), Aristides Álvarez (presidente de la Asociación Civil “Si Nos Reímos, Nos Reímos Todxs"), Anselmo Zapata (politólogo y trabajador del Ministerio de Educación), Pablo Buffarini (ex trabajador de la Dirección de Justicia Penal Juvenil), Andrea Fortunio (trabajadora de la Dirección General de Infancias y Familias de la Municipalidad de Santa Fe), Mario Céspedes y Gabriel Pereyra (subsecretario de abordaje integral).

 

Introducción

 

La Ley de Necesidad de Reforma establece la posibilidad de reformar y derogar artículos, así como también incluir nuevos temas. Entre ellos se encuentran un conjunto de artículos que atañen a niños, niñas y adolescentes en el goce y ejercicio de sus derechos y garantías. Al respecto, serán sujeto de la reforma los artículos 29 (referido al ejercicio de derechos políticos) y 109, 110, 111, 112 y 113 (pertenecientes a la sección octava, referida a educación).

 

A la vez, se habilitó la inclusión de artículos vinculados a nuevos temas, entre los cuales se encuentran algunos que pueden incorporar la perspectiva de niñeces y adolescencias: mecanismos de participación ciudadana y de democracia semidirecta, derechos digitales y medidas de acción positiva que garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes.

 

Metodología de trabajo

 

En este encuentro la metodología de trabajo implementada constó de la apertura del diálogo mediante la conformación de una lista de oradores. Se creó un espacio de debate horizontal en el que todos los presentes tuvieron la oportunidad de intervenir, contando con 5 (cinco) minutos para realizar una exposición vinculada a la incorporación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a la Reforma Constitucional. 

 

Informe de intervenciones

 

En primer lugar, en la lista de oradores se ubicó Melina Arrieta, quien dirige la organización Aldeas Infantiles Argentina en Rosario. Destacó la necesidad de construir el contenido de la reforma constitucional a partir de un diagnóstico de la actual, señalando la debilidad de los artículos que actualmente mencionan a las infancias y adolescencias. En ese sentido, propuso la redacción de un capítulo específico sobre sus derechos, que contemple instancias de monitoreo de políticas públicas y la actualización de los diagnósticos de forma diferencial a lo largo del territorio provincial. También propuso la inclusión de la figura del defensor de niños y adolescentes, y resaltó la necesidad de incorporar la perspectiva de las niñeces y adolescencias en la elaboración de la constitución, a partir de mecanismos de participación. 

 

En segundo lugar, Analía Colombo, recuperando un proyecto de Reforma Constitucional construido por el Partido Socialista, propuso la incorporación del artículo 23 bis, que reconoce a las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derecho, a la vez que reconoce la garantía de protección y promoción integral de los derechos. Además incluye los cuatro principios rectores de la convención: el interés superior, el derecho a desarrollarse y a la supervivencia, el derecho a ser oído y el derecho a la no discriminación. Además, reconoció la importancia de darle voz a los niños para que sus opiniones sean tenidas en consideración en las políticas que van a incidir sobre ellos.

 

En tercer lugar, María Angélica Piñata, politóloga e investigadora de CONICET, propuso observar los derechos de los niños y adolescentes consagrados en los tratados internacionales, como marco general para la reforma. Destacó la importancia de un enfoque integral, la necesidad de evitar la regresividad en materia de derechos y señaló la brecha entre los derechos reconocidos y las políticas públicas que los hacen efectivos. Para reducirla, planteó fortalecer las capacidades estatales mediante la inclusión de mecanismos de monitoreo y evaluación en la reforma, para mejorar las políticas de niñez y adolescencia. Además, incorporó al debate los cuidados, considerando los derechos a cuidar, ser cuidado y al autocuidado, no solo en infancias, sino también en adultos mayores y personas con discapacidad. De esta manera, propuso pensar democratizar estas responsabilidades dentro de la familia y redefinir el rol del Estado y las organizaciones sociales en los cuidados.

 

En cuarto lugar participó Alejandra Ingaramo, politóloga, docente y trabajadora provincial, quien reconoció imperioso incorporar de manera transversal a la constitución provincial la perspectiva de derechos y de género. Además, sostuvo que se debe diferenciar a la niñez y la adolescencia como etapas diferentes de la vida. Así, el artículo 23 bis debe hablar de niñeces en plural y de adolescencias en plural, reconociendo la diversidad: “Hay que enunciar esta cuestión de las diferencias de las trayectorias de vida y el vínculo con el riesgo social”. Además, planteó que se deben reconocer los derechos respecto de las diversidades sexo afectivas y la identidad de género. Finalizó adhiriendo a lo propuesto anteriormente respecto de incorporar las voces de niños, niñas y adolescentes para la redacción del texto constitucional. 

 

En quinto lugar, Arístides Álvarez, representante de la ONG ”Si nos reímos, nos reímos todxs” que concientiza sobre convivencia, se expresó sobre la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes a través de las redes sociales y del rol de las organizacione sociales en los lugares donde no llega el Estado. Pidió por una Constitución Provincial que reconozca el trabajo de tales organizaciones, otorgándoles protagonismo. Por último, reclamó la posibilidad de que estos espacios de debate se reproduzcan a lo largo de toda la provincia, y no se recorten tan solo a Rosario.

 

En sexto lugar, Anselmo Zapata, trabajador del Ministerio de Educación, se refirió a la reforma de la sección referida a educación. En ese sentido, sostuvo la necesidad de incorporar a la parte dogmática de la Constitución el derecho a la educación, “tomando al estudiante como razón de ser del sistema educativo”, dejando en claro que el sujeto de la educación es el estudiante. Se debe pensar el sistema educativo que brinda dicha educación, como un modo de asegurar el derecho a la educación, contemplando la universalidad del acceso, la permanencia y el egreso, así como también la igualdad en términos de calidad educativa. Sostuvo que la educación no puede estar librada a la política de cada gobierno y que, por lo tanto, debe conformarse en una política de Estado, asegurándola en la Constitución. Además, reconoció que también debe instituirse el derecho al aprendizaje. Cerró expresando que “la educación también debe ser parte de un modelo de desarrollo. Un desarrollo igualitario, un desarrollo en libertad, sostenible y feminista”.

 

En séptimo lugar, Pablo Buffarini expuso su mirada desde el derecho penal. Señaló la invisibilización de niños, niñas y adolescentes en situaciones que solo salen a la luz ante delitos concretos, evidenciando la incapacidad del Estado para llegar a ciertos contextos. En estos casos extremos, donde el sistema entra en crisis, el Estado responde con el derecho penal en lugar de con políticas sociales, desplazando lo social por lo punitivo. Por ello, sostuvo que la Constitución debe incorporar el principio de Justicia Restaurativa, vinculado a programas sociales y de reintegración que prioricen la reparación del delito sobre la prisión, especialmente en casos que involucren a niños, niñas y adolescentes. En su intervención, Buffarini remarcó la necesidad de pensar una justicia y un sistema de protección con monitoreo específico para esta población.

 

En octavo lugar, Andrea Fortunio, trabajadora de la Dirección General de Infancias y Familias de la Municipalidad de Santa Fe, argumentó que en este contexto de agravamiento de la situación socioeconómica se torna fundamental contar con una Constitución que “posibilite el diseño y la ejecución de políticas públicas que garanticen derechos”. Es importante que otorgue capacidades de acción y reacción para afrontar las problemáticas de las infancias y adolescencias, a través de un sistema de protección integral. Además, incorporó la relevancia de pensar dichas políticas con perspectiva de género y la dimensión de los cuidados.

 

En noveno lugar, participó Mariano Cespedes, representante de una organización barrial. En su intervención señaló la importancia de promover políticas que amplíen el horizonte territorial, cultural y simbólico de las infancias más vulnerables. El aislamiento en el interior de los barrios, sostuvo, genera apropiación territorial pero tiene como contracara la reproducción de carencias, violencias y exclusión social. Por ello, resaltó el valor de políticas que impulsen el derecho a la movilidad, al conocimiento y al acceso a espacios culturales y educativos. 

 

En décimo lugar, Gabriel Pereyra, subsecretario de Abordajes Integrales, hizo hincapié en la necesidad de pensar un texto constitucional que sea realizable, que busque achicar la brecha entre lo deseable y lo posible. Asimismo, mencionó que la reforma debería contemplar herramientas que habiliten nuevas modalidades de intervención. Debido a que consideró que las problemáticas sociales que el Estado enfrenta actualmente son mucho más complejas, ya que no son fragmentadas ni individuales, sino que son complejas y múltiples. A ese respecto reconoció la intervención sobre nuevos tipos de grupalidades que ya no se encuentran signadas por lazos filiatorios, sino que aparecen lazos de otro tipo. Agregó la aceleración de los procesos de degradación subjetiva y la degradación de las condiciones mínimas de habitabilidad de una persona.

 

Conclusiones 

 

Los participantes coincidieron en la necesidad de consagrar a las infancias y adolescencias como sujetos de derecho, considerando a los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional como el marco general para el abordaje de esta temática. En esa dirección, se propuso la incorporación de un artículo específico (23 bis) que garantice principios considerados mínimos y fundamentales: la protección integral, reconozca el interés superior del niño, su derecho a ser oído, a la no discriminación y a su pleno desarrollo.

 

Sin embargo, se demandó profundizar lo consagrado en aquellos tratados, proponiendo horizontes más amplios. Así, se destacó la necesidad de transversalizar la perspectiva de los derechos humanos y la de género, reconociendo las diversidades en las infancias y adolescencias. En ese sentido, los diferentes participantes enfatizaron en escuchar las voces de los niños, niñas y adolescentes, como un insumo central para la redacción del texto constitucional. 

Además, se reclamó por una Constitución que otorgue nuevas herramientas para el diseño de políticas públicas y la intervención social. Herramientas que se adapten a las demandas y complejidades de los tiempos actuales, y que otorguen capacidades de acción. Asimismo, fue ampliamente reconocida la necesidad institucionalizar mecanismos de monitoreo y la evaluación de las políticas públicas que posean un enfoque participativo, territorial e intersectorial. 

 

En materia educativa, se propuso que el derecho a la educación y al aprendizaje se incorpore en la parte dogmática de la Constitución, entendiéndolo como una política de Estado que garantice acceso, permanencia, egreso y la igualdad en términos de calidad. 

También se sugirió incluir el principio de justicia restaurativa, promoviendo enfoques no punitivos y programas de reintegración social. A la vez que se reclamó la valorización del rol de las organizaciones sociales y comunitarias como actores clave, y la necesidad de diseñar políticas de cuidados integrales que incluyan a las infancias y reconozcan derechos al cuidado y autocuidado.

 

Finalmente, se resaltó la urgencia de un texto constitucional realizable, que acerque los principios a la práctica y dote al Estado de herramientas concretas para intervenir frente a problemáticas sociales complejas, garantizando un verdadero sistema de protección integral de derechos.