Participación

La Usina - Ilustración

Compromiso con la Reforma

Derecho a la ciudad y uso del suelo

Derecho a la ciudad y uso del suelo
Derecho a la ciudad y uso del suelo

 

5 de abril de 2025 - Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe (Av. Belgrano 646, Rosario)

En el marco del ciclo Hablemos de la reforma, diálogos para pensar la Constitución, se desarrolló un nuevo encuentro centrado en dos ejes fundamentales para pensar una Constitución provincial actualizada: el derecho a la ciudad y el uso del suelo. La jornada tuvo lugar en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe y convocó a referentes de distintas disciplinas y trayectorias.

Participaron como oradores y oradoras: Lionella Cattalini, Joaquín Blanco, Josefina Del Río, Rubén Palumbo, Mirta Levin, Alejandra Monti, Héctor Floriani y Pablo Barese.

El encuentro se estructuró en dos momentos: una primera ronda de exposiciones a cargo de especialistas y un segundo tramo de intercambio abierto, en formato de mesa redonda. A lo largo de la jornada se compartieron diagnósticos, propuestas y reflexiones sobre los desafíos que enfrentan nuestras ciudades y territorios.

 

Introducción
La reforma constitucional de la Provincia de Santa Fe abre una oportunidad histórica para debatir y fortalecer derechos fundamentales en materia de ordenamiento territorial, urbanismo y protección ambiental. La declaración de necesidad de la legislatura provincial habilita la revisión del articulado existente e incorpora nuevos principios que reflejan las demandas actuales como lo son el derecho a la ciudad y el uso del suelo.
La incorporación de principios en materia de planificación territorial, hábitat y urbanismo que garanticen un desarrollo equitativo y sostenible de nuestras ciudades. El ordenamiento territorial tiene un rol fundamental en la planificación y ejecución de iniciativas públicas y público-privadas tendientes a la articulación de las actividades humanas en el espacio físico.
A partir de estos lineamientos específicos, surge la necesidad de comenzar a debatir estas cuestiones, realizando aportes disciplinares para una gestión ordenada del territorio.

 

Metodología de trabajo
La actividad se organizó en dos bloques: un primer segmento de exposiciones a cargo de los especialistas y un segundo momento de intercambio abierto. Se llevó adelante en formato de mesa redonda horizontal.

Rubén Palumbo abrió la jornada enfatizando la oportunidad histórica que significa la reforma constitucional para Santa Fe. Desde su rol como presidente del Colegio de Arquitectura y Urbanismo, destacó el trabajo anticipado realizado junto a las universidades y centros de investigación, que permitió instalar en la agenda política temas como el ordenamiento territorial, la planificación urbana y la autonomía municipal coordinada. Subrayó que no basta con la inclusión de estos temas en el texto constitucional; es indispensable que se traduzcan luego en políticas sostenidas en el tiempo, evitando que queden como meros enunciados.
Hizo especial hincapié en el rol del Estado en garantizar la planificación del territorio como una política pública permanente. Alertó sobre los riesgos de una autonomía municipal absoluta, que podría conducir a decisiones aisladas sin una visión metropolitana o regional. Por otro lado, destacó la necesidad de fortalecer mecanismos de cooperación entre municipios para evitar la fragmentación del territorio, un problema evidente en el Gran Rosario, donde la expansión desordenada ha generado desequilibrios urbanos y ambientales.
Cerró su exposición enfatizando que esta reforma no debe ser un fin en sí mismo, sino el inicio de un ciclo de planificación territorial más justo, sostenible y equitativo para toda la provincia.
 

Pablo Barese centró su exposición en la necesidad de transformar el ordenamiento territorial en una verdadera política de Estado en Santa Fe. Desde su rol como Director Provincial de Ordenamiento Territorial, explicó los pasos recientes dados por la nueva gestión provincial, particularmente la creación del SIOT (Sistema Interministerial de Ordenamiento Territorial), que articula diversas áreas gubernamentales para abordar la problemática de manera integral. Señaló que, si bien existen normas desde 2019 que reglamentan el ordenamiento territorial, estas nunca se aplicaron efectivamente. Al asumir el cargo, se encontró con un área desmantelada y sin estructura técnica, por lo que uno de sus primeros objetivos fue reconstruir la capacidad estatal en la materia. Describió la puesta en marcha de experiencias piloto en la región norte y sur de la provincia, trabajando junto a universidades y municipios para formular planes de ordenamiento ambiental y territorial a nivel local.
Insistió en que el ordenamiento no debe ser un instrumento cerrado ni estático, sino una estrategia dinámica que permita anticiparse y gestionar los procesos de transformación territorial. Recalcó la importancia de articular el desarrollo productivo y la preservación ambiental, superando visiones que los consideran campos opuestos. Asimismo, resaltó la necesidad de incorporar políticas de suelo claras, movilidad sustentable, gestión de residuos y consideración de riesgos hídricos como ejes del planeamiento.
En relación a la reforma constitucional, Barese advirtió que no alcanza con mencionar el ordenamiento territorial en el texto: es imprescindible avanzar luego en leyes y normas operativas que lo implementen. Concluyó destacando que, mientras la reforma avanza, el Estado provincial debe seguir actuando de inmediato frente a los problemas territoriales, sin esperar marcos normativos ideales que podrán demorar años.
 

Héctor Floriani propuso una reflexión sobre la importancia estratégica de la planificación territorial como instrumento de progreso social, ambiental y económico. Desde su vasta experiencia académica y de gestión, insistió en que Santa Fe no parte de cero: ya cuenta con experiencias valiosas en planificación urbana y regional que deben ser fortalecidas.
Hector hizo hincapié en la importancia de que la reforma constitucional incorpore el ordenamiento territorial como un compromiso de largo plazo, capaz de adaptarse a los cambios de contexto pero que marque una dirección clara. Explicó que la planificación no sólo apunta a la sustentabilidad ambiental, sino también a la equidad social y a la racionalidad económica, formando un trípode que sostiene el desarrollo equilibrado.
Planteó además una fuerte crítica a la idea de autonomía municipal absoluta, entendiendo que las problemáticas metropolitanas -como el transporte, el ambiente, los residuos o el uso del suelo- requieren coordinación supramunicipal. En este sentido, advirtió que sin mecanismos de cooperación, la autonomía podría reforzar desigualdades y fragmentaciones territoriales, especialmente en contextos como el Área Metropolitana de Rosario.
Propuso que la nueva Constitución impulse explícitamente la colaboración regional y metropolitana como principios de organización territorial. Además, instó a abandonar enfoques fragmentarios, proponiendo pensar en sistemas de ciudades y redes territoriales como base del desarrollo futuro.
Reivindicó la necesidad de construir una "cultura de la planificación" en la provincia, que trascienda los cambios de gobierno y se base en la producción científica, la participación ciudadana y el compromiso político.
 

Mirta Levin abordó el debate desde una perspectiva que vinculó el "derecho a la ciudad" con la necesidad de enfrentar los procesos de segregación urbana y social que afectan a las ciudades santafesinas. Subrayó que el derecho a la ciudad implica un compromiso político concreto para garantizar el acceso equitativo a los beneficios urbanos. Desde esta mirada, defendió el ordenamiento territorial como una herramienta clave para reducir las desigualdades, planificar el crecimiento urbano, preservar el ambiente y coordinar actividades económicas. Señaló que los problemas de uso del suelo -particularmente en las periferias urbanas y en las zonas periurbanas rurales- requieren de políticas de planificación integradas que permitan la convivencia de distintas actividades y sectores sociales.
Planteó además que la provincia de Santa Fe ya ha dado pasos importantes hacia la descentralización territorial, destacando la creación de áreas metropolitanas como el ECOM Rosario. Según Levin, la Constitución debería recoger y consolidar este camino, fortaleciendo las entidades de coordinación regional y estableciendo incentivos presupuestarios para aquellas ciudades que promuevan la cooperación metropolitana.
Asimismo, alertó sobre el riesgo de pensar la descentralización como un simple traspaso de responsabilidades sin la correspondiente transferencia de recursos y capacidades. Señaló que una descentralización efectiva debe empoderar a las regiones y municipios, pero dentro de un marco institucional que promueva la equidad y la solidaridad territorial.
Cerró su exposición reafirmando que el derecho a la ciudad y la planificación territorial deben ser principios constitucionales, pensados no como esloganes, sino como compromisos políticos para la construcción de ciudades más inclusivas y territorios más equilibrados.
 

Al cierre, Alejandra Monti propuso una mirada más teórica y estructural sobre el momento histórico que atraviesa Santa Fe, analizando los distintos ciclos de reformas constitucionales en Argentina. Señaló que mientras las reformas anteriores estuvieron marcadas por paradigmas desarrollistas o de transición democrática, hoy el desafío es pensar el territorio en un contexto de globalización, fragmentación territorial y crisis ambiental.
Monti advirtió que el territorio provincial no puede ser leído únicamente en clave urbana, sino que es necesario adoptar una perspectiva metropolitana y regional para comprender sus dinámicas. Reivindicó la noción de "región como proyecto político", subrayando que los desafíos ambientales, productivos y de hábitat exceden largamente los límites municipales tradicionales.
Respecto de la autonomía municipal, propuso una reflexión crítica: la autonomía, si no se articula con mecanismos de coordinación, puede acentuar las desigualdades territoriales. En este sentido, planteó que sería más pertinente pensar en una "autonomía metropolitana", que reconozca la complejidad de los sistemas urbanos actuales y promueva la gestión conjunta de problemáticas comunes.
Monti también alertó sobre las tensiones entre la producción globalizada y las dinámicas locales, remarcando que muchas veces las lógicas extractivas y especulativas dominan los territorios sin que las comunidades puedan intervenir. Propuso que la Constitución debe ser clara en la definición de conceptos y principios, para evitar que los enunciados queden vacíos de contenido operativo.
Finalmente, insistió en que la construcción de ciudades justas y sostenibles no puede quedar librada al mercado ni a la espontaneidad, sino que requiere un rol activo del Estado en la regulación, planificación y redistribución de los beneficios territoriales.

 

Conclusión
El encuentro dejó en evidencia un consenso clave: la reforma constitucional en Santa Fe representa una oportunidad histórica para incorporar principios que orienten un desarrollo territorial más justo, sostenible e inclusivo.

Desde distintas miradas se coincidió en la necesidad de consagrar el derecho a la ciudad como un principio activo, que no quede limitado a una declaración simbólica, y de fortalecer la planificación territorial como una política de Estado, con continuidad y visión de largo plazo.

También se discutió la autonomía municipal, valorada como herramienta de democratización local, pero abordada críticamente ante el riesgo de fragmentación. Se destacó la necesidad de establecer mecanismos de coordinación regional y metropolitana que promuevan una distribución más equitativa de recursos y oportunidades en todo el territorio.

Uno de los ejes recurrentes fue el desafío de articular la preservación ambiental con el desarrollo productivo, superando enfoques que los presentan como campos en tensión.

Finalmente, se subrayó que la incorporación de estos principios en el texto constitucional debe estar acompañada por políticas públicas concretas, marcos normativos aplicables y compromiso político sostenido, para que la reforma se traduzca en transformaciones reales y no quede en el plano de las buenas intenciones.

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5 de abril de 2025 - Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe (Av. Belgrano 646, Rosario)

En el marco del ciclo Hablemos de la reforma, diálogos para pensar la Constitución, se desarrolló un nuevo encuentro centrado en dos ejes fundamentales para pensar una Constitución provincial actualizada: el derecho a la ciudad y el uso del suelo. La jornada tuvo lugar en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe y convocó a referentes de distintas disciplinas y trayectorias.

Participaron como oradores y oradoras: Lionella Cattalini, Joaquín Blanco, Josefina Del Río, Rubén Palumbo, Mirta Levin, Alejandra Monti, Héctor Floriani y Pablo Barese.

El encuentro se estructuró en dos momentos: una primera ronda de exposiciones a cargo de especialistas y un segundo tramo de intercambio abierto, en formato de mesa redonda. A lo largo de la jornada se compartieron diagnósticos, propuestas y reflexiones sobre los desafíos que enfrentan nuestras ciudades y territorios.

 

Introducción
La reforma constitucional de la Provincia de Santa Fe abre una oportunidad histórica para debatir y fortalecer derechos fundamentales en materia de ordenamiento territorial, urbanismo y protección ambiental. La declaración de necesidad de la legislatura provincial habilita la revisión del articulado existente e incorpora nuevos principios que reflejan las demandas actuales como lo son el derecho a la ciudad y el uso del suelo.
La incorporación de principios en materia de planificación territorial, hábitat y urbanismo que garanticen un desarrollo equitativo y sostenible de nuestras ciudades. El ordenamiento territorial tiene un rol fundamental en la planificación y ejecución de iniciativas públicas y público-privadas tendientes a la articulación de las actividades humanas en el espacio físico.
A partir de estos lineamientos específicos, surge la necesidad de comenzar a debatir estas cuestiones, realizando aportes disciplinares para una gestión ordenada del territorio.

 

Metodología de trabajo
La actividad se organizó en dos bloques: un primer segmento de exposiciones a cargo de los especialistas y un segundo momento de intercambio abierto. Se llevó adelante en formato de mesa redonda horizontal.

Rubén Palumbo abrió la jornada enfatizando la oportunidad histórica que significa la reforma constitucional para Santa Fe. Desde su rol como presidente del Colegio de Arquitectura y Urbanismo, destacó el trabajo anticipado realizado junto a las universidades y centros de investigación, que permitió instalar en la agenda política temas como el ordenamiento territorial, la planificación urbana y la autonomía municipal coordinada. Subrayó que no basta con la inclusión de estos temas en el texto constitucional; es indispensable que se traduzcan luego en políticas sostenidas en el tiempo, evitando que queden como meros enunciados.
Hizo especial hincapié en el rol del Estado en garantizar la planificación del territorio como una política pública permanente. Alertó sobre los riesgos de una autonomía municipal absoluta, que podría conducir a decisiones aisladas sin una visión metropolitana o regional. Por otro lado, destacó la necesidad de fortalecer mecanismos de cooperación entre municipios para evitar la fragmentación del territorio, un problema evidente en el Gran Rosario, donde la expansión desordenada ha generado desequilibrios urbanos y ambientales.
Cerró su exposición enfatizando que esta reforma no debe ser un fin en sí mismo, sino el inicio de un ciclo de planificación territorial más justo, sostenible y equitativo para toda la provincia.
 

Pablo Barese centró su exposición en la necesidad de transformar el ordenamiento territorial en una verdadera política de Estado en Santa Fe. Desde su rol como Director Provincial de Ordenamiento Territorial, explicó los pasos recientes dados por la nueva gestión provincial, particularmente la creación del SIOT (Sistema Interministerial de Ordenamiento Territorial), que articula diversas áreas gubernamentales para abordar la problemática de manera integral. Señaló que, si bien existen normas desde 2019 que reglamentan el ordenamiento territorial, estas nunca se aplicaron efectivamente. Al asumir el cargo, se encontró con un área desmantelada y sin estructura técnica, por lo que uno de sus primeros objetivos fue reconstruir la capacidad estatal en la materia. Describió la puesta en marcha de experiencias piloto en la región norte y sur de la provincia, trabajando junto a universidades y municipios para formular planes de ordenamiento ambiental y territorial a nivel local.
Insistió en que el ordenamiento no debe ser un instrumento cerrado ni estático, sino una estrategia dinámica que permita anticiparse y gestionar los procesos de transformación territorial. Recalcó la importancia de articular el desarrollo productivo y la preservación ambiental, superando visiones que los consideran campos opuestos. Asimismo, resaltó la necesidad de incorporar políticas de suelo claras, movilidad sustentable, gestión de residuos y consideración de riesgos hídricos como ejes del planeamiento.
En relación a la reforma constitucional, Barese advirtió que no alcanza con mencionar el ordenamiento territorial en el texto: es imprescindible avanzar luego en leyes y normas operativas que lo implementen. Concluyó destacando que, mientras la reforma avanza, el Estado provincial debe seguir actuando de inmediato frente a los problemas territoriales, sin esperar marcos normativos ideales que podrán demorar años.
 

Héctor Floriani propuso una reflexión sobre la importancia estratégica de la planificación territorial como instrumento de progreso social, ambiental y económico. Desde su vasta experiencia académica y de gestión, insistió en que Santa Fe no parte de cero: ya cuenta con experiencias valiosas en planificación urbana y regional que deben ser fortalecidas.
Hector hizo hincapié en la importancia de que la reforma constitucional incorpore el ordenamiento territorial como un compromiso de largo plazo, capaz de adaptarse a los cambios de contexto pero que marque una dirección clara. Explicó que la planificación no sólo apunta a la sustentabilidad ambiental, sino también a la equidad social y a la racionalidad económica, formando un trípode que sostiene el desarrollo equilibrado.
Planteó además una fuerte crítica a la idea de autonomía municipal absoluta, entendiendo que las problemáticas metropolitanas -como el transporte, el ambiente, los residuos o el uso del suelo- requieren coordinación supramunicipal. En este sentido, advirtió que sin mecanismos de cooperación, la autonomía podría reforzar desigualdades y fragmentaciones territoriales, especialmente en contextos como el Área Metropolitana de Rosario.
Propuso que la nueva Constitución impulse explícitamente la colaboración regional y metropolitana como principios de organización territorial. Además, instó a abandonar enfoques fragmentarios, proponiendo pensar en sistemas de ciudades y redes territoriales como base del desarrollo futuro.
Reivindicó la necesidad de construir una "cultura de la planificación" en la provincia, que trascienda los cambios de gobierno y se base en la producción científica, la participación ciudadana y el compromiso político.
 

Mirta Levin abordó el debate desde una perspectiva que vinculó el "derecho a la ciudad" con la necesidad de enfrentar los procesos de segregación urbana y social que afectan a las ciudades santafesinas. Subrayó que el derecho a la ciudad implica un compromiso político concreto para garantizar el acceso equitativo a los beneficios urbanos. Desde esta mirada, defendió el ordenamiento territorial como una herramienta clave para reducir las desigualdades, planificar el crecimiento urbano, preservar el ambiente y coordinar actividades económicas. Señaló que los problemas de uso del suelo -particularmente en las periferias urbanas y en las zonas periurbanas rurales- requieren de políticas de planificación integradas que permitan la convivencia de distintas actividades y sectores sociales.
Planteó además que la provincia de Santa Fe ya ha dado pasos importantes hacia la descentralización territorial, destacando la creación de áreas metropolitanas como el ECOM Rosario. Según Levin, la Constitución debería recoger y consolidar este camino, fortaleciendo las entidades de coordinación regional y estableciendo incentivos presupuestarios para aquellas ciudades que promuevan la cooperación metropolitana.
Asimismo, alertó sobre el riesgo de pensar la descentralización como un simple traspaso de responsabilidades sin la correspondiente transferencia de recursos y capacidades. Señaló que una descentralización efectiva debe empoderar a las regiones y municipios, pero dentro de un marco institucional que promueva la equidad y la solidaridad territorial.
Cerró su exposición reafirmando que el derecho a la ciudad y la planificación territorial deben ser principios constitucionales, pensados no como esloganes, sino como compromisos políticos para la construcción de ciudades más inclusivas y territorios más equilibrados.
 

Al cierre, Alejandra Monti propuso una mirada más teórica y estructural sobre el momento histórico que atraviesa Santa Fe, analizando los distintos ciclos de reformas constitucionales en Argentina. Señaló que mientras las reformas anteriores estuvieron marcadas por paradigmas desarrollistas o de transición democrática, hoy el desafío es pensar el territorio en un contexto de globalización, fragmentación territorial y crisis ambiental.
Monti advirtió que el territorio provincial no puede ser leído únicamente en clave urbana, sino que es necesario adoptar una perspectiva metropolitana y regional para comprender sus dinámicas. Reivindicó la noción de "región como proyecto político", subrayando que los desafíos ambientales, productivos y de hábitat exceden largamente los límites municipales tradicionales.
Respecto de la autonomía municipal, propuso una reflexión crítica: la autonomía, si no se articula con mecanismos de coordinación, puede acentuar las desigualdades territoriales. En este sentido, planteó que sería más pertinente pensar en una "autonomía metropolitana", que reconozca la complejidad de los sistemas urbanos actuales y promueva la gestión conjunta de problemáticas comunes.
Monti también alertó sobre las tensiones entre la producción globalizada y las dinámicas locales, remarcando que muchas veces las lógicas extractivas y especulativas dominan los territorios sin que las comunidades puedan intervenir. Propuso que la Constitución debe ser clara en la definición de conceptos y principios, para evitar que los enunciados queden vacíos de contenido operativo.
Finalmente, insistió en que la construcción de ciudades justas y sostenibles no puede quedar librada al mercado ni a la espontaneidad, sino que requiere un rol activo del Estado en la regulación, planificación y redistribución de los beneficios territoriales.

 

Conclusión
El encuentro dejó en evidencia un consenso clave: la reforma constitucional en Santa Fe representa una oportunidad histórica para incorporar principios que orienten un desarrollo territorial más justo, sostenible e inclusivo.

Desde distintas miradas se coincidió en la necesidad de consagrar el derecho a la ciudad como un principio activo, que no quede limitado a una declaración simbólica, y de fortalecer la planificación territorial como una política de Estado, con continuidad y visión de largo plazo.

También se discutió la autonomía municipal, valorada como herramienta de democratización local, pero abordada críticamente ante el riesgo de fragmentación. Se destacó la necesidad de establecer mecanismos de coordinación regional y metropolitana que promuevan una distribución más equitativa de recursos y oportunidades en todo el territorio.

Uno de los ejes recurrentes fue el desafío de articular la preservación ambiental con el desarrollo productivo, superando enfoques que los presentan como campos en tensión.

Finalmente, se subrayó que la incorporación de estos principios en el texto constitucional debe estar acompañada por políticas públicas concretas, marcos normativos aplicables y compromiso político sostenido, para que la reforma se traduzca en transformaciones reales y no quede en el plano de las buenas intenciones.

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