Ciencia e innovación

Ciencia e innovación

 

El 8 de abril tuvo lugar en el Polo Tecnológico de Rosario un nuevo encuentro del ciclo Hablemos de la reforma, enfocado en otro de los ejes centrales del debate constitucional en Santa Fe: ciencia e innovación.

 

Fueron convocados investigadores, especialistas e instituciones con el objetivo de pensar colectivamente propuestas para el futuro constitucional de la provincia, con una mirada a largo plazo.

 

Participaron del encuentro: Lionella Cattalini, Erica Hynes (Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de Santa Fe), Marina Calleia (gerenta Área de Inversiones y Proyectos Estratégicos, Rosario), Guillermo Civetta (gerente Polo Tecnológico Rosario), Esteban Serra (vicedirector Instituto de Biotecnología Rosario), Alejandro Vila (investigador CONICET y docente UNR), Javier Fedele (director CURDIUR), María Fernanda Ghilardi (secretaria de Ciencia y Tecnología de la FCEyE UNR), Raúl Volmaro (investigador CONICET), Javier Palatnik (IBR).

 

Introducción

 

La Ley de Necesidad de Reforma incluye entre los nuevos temas a incluir en la Constitución los que atañen a ciencia e innovación. La discusión giró en torno a incorporar “principios en materia de promoción y protección de la ciencia, la investigación y la innovación”, haciendo especial mención a la biotecnología. Es por esta razón que se planificó un espacio de debate especialmente orientado a esta temática.

 

Metodología de trabajo

 

En este encuentro la metodología de trabajo implementada constó de la apertura del diálogo mediante la conformación de una lista de oradores. Se creó un espacio de debate horizontal en el que todos los presentes tuvieron la oportunidad de intervenir, contando con 5 (cinco) minutos para realizar una exposición vinculada a la incorporación del derecho a gozar de los beneficios de la ciencia y a investigar.

 

Informe de intervenciones

 

Tras la apertura del espacio realizada por Ma. Noel Ferri y la constituyente Lionella Cattalini, se inauguró la lista de oradores con Erica Hynes. En su intervención enfatizó en la importancia de que la Constitución Provincial consagre el derecho a la ciencia, a la tecnología y la innovación. De esta manera se refirió no sólo al derecho a gozar de los beneficios de ese conocimiento nuevo, sino también al derecho a producir conocimientos nuevos. Además propuso que la reforma sea más que una declaración de principios y que contenga modos de instrumentación de aquellos.

 

En segundo lugar, fue el turno de Marina Calleia, gerenta del Área de Inversiones y Proyectos Estratégicos de Rosario, quien, en su lugar de representante del Gobierno Local, vinculó la temática con la cuestión de la autonomía municipal. En ese sentido, sostuvo que, de obtenerse la autonomía, debe repensarse el rol de las ciudades en materia de ciencia, tecnología e innovación. Otorgándole a las ciudades la posibilidad de intervenir en políticas de ciencia e innovación, que tienen actualmente limitadas, debiendo recurrir a la provincia.  

En tercer lugar, Guillermo Civetta, gerente del Polo Tecnológico Rosario, retomó el planteo anterior que sostenía darle mayor profundidad a la Constitución, es decir que no solo sea pensada en términos declarativos. A este respecto, declaró que una preocupación que acucia al sector científico refiere a “de qué manera poder lograr que las plataformas de innovación puedan conectar con el sector productivo”. Así, resaltó la necesidad de que la reforma otorgue mayor integralidad y articulación al sistema de conocimiento e innovación respecto del sistema productivo provincial, potenciando las plataformas existentes.

En cuarto lugar, Esteban Serra, del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR), comentó que un conjunto con diversos institutos de investigación provinciales y universidades están redactando un documento en el que se condensan los principios que el sector considera deben ser incluidos en la reforma. Al igual que Hynes, expuso la relevancia de incluir tanto el derecho a beneficiarse de los resultados de la investigación, como el derecho a hacer investigación. Para ello, sostuvo, debe existir un sistema científico, tecnológico e innovador que cuente con recursos y sea equilibrado temáticamente. Es decir, plasmar constitucionalmente lo que se encuentra sancionado en las leyes provinciales que estructuran el sistema científico. 

 

En quinto lugar participó Alejandro Vila, investigador de CONICET, a partir de lo antedicho reconoció la existencia de un núcleo de coincidencias básicas entre los presentes. De este modo, condensó lo precedente en la idea de darle transversalidad de la ciencia y la técnica en otros derechos básicos como la salud, el ambiente, la diversidad, entre otros, en los cuales “la ciencia tiene algo que hacer y tiene algo que decir”. Esto es, que la ciencia esté al servicio para contribuir y defender otros derechos. Por último, mencionó la posibilidad de incluir un Consejo Provincial de Ciencia que asesore a la autoridad de aplicación, que realmente funcione y sea convocado, como el caso de la Constitución del Estado de San Pablo en Brasil. 

 

En séptimo lugar, Javier Fedele, director del Centro Universitario Rosario de Investigaciones Urbanas (CURDIUR), subrayó la ya mencionada importancia de incorporar la ciencia y la innovación de manera transversal en la reforma constitucional de Santa Fe, destacando la necesidad de que el sistema científico participe activamente en la formulación de políticas públicas con evaluaciones basadas en evidencia. Propuso avanzar hacia modelos institucionales donde el asesoramiento científico sea permanente, como ocurre en países como España o Japón. También planteó que esta participación no debe limitarse a demandas sectoriales, sino institucionalizarse como un servicio al Estado, especialmente en el nuevo contexto de autonomía legislativa municipal.

 

En octavo lugar, Fernanda Ghilardi intervino abriendo algunos interrogantes respecto de sobre qué aspectos específicamente puede intervenir la reforma de la Constitución. Como economista, expresó cautela respecto a incluir porcentajes específicos de financiamiento en el texto constitucional, pero sugirió que el desafío reside en cómo mejorar el acceso y la institucionalidad del conocimiento sin caer en excesos normativos.

 

En noveno lugar, participó Raul Volmaro, quien mencionó el caso de la Constitución de Paraguay, en la que se establece que el Rector de la Universidad de Asunción es miembro automático del Gabinete. A partir de eso, propone que la constitución de Santa Fe podría establecer algo similar, como que los rectores de las dos principales universidades provinciales sean miembros automáticos de algún órgano de gobierno. Sin embargo, reconoció los límites de este tipo de disposiciones, señalando que podrían no garantizar una representación calificada en ciencia, ya que como ocurre con otros derechos constitucionales -como el acceso a una vivienda digna- su cumplimiento real depende de factores más allá del texto constitucional.

 

En décimo lugar, Javier Palatnik, enfatizó en la posibilidad de llegar a un consenso acerca del potencial tecnológico e innovativo que posee la provincia de Santa Fe y que fortalecer este enfoque también permite sostener la ciencia básica. Planteó que la futura Constitución debe reconocer el rol estratégico de la ciencia, la tecnología y la innovación como un proceso integrado y fundamental para el desarrollo provincial. De esta manera, acuerda con la necesidad de pensar a la ciencia no como un sector aislado, sino como un proceso transversal al resto de las áreas. 

 

Para finalizar, la constituyente Lionella Cattalini destacó la importancia de que los sectores lleguen a acuerdos sobre qué consideran relevante que se incluya en la reforma, a la vez que realizó algunas aclaraciones acerca del contenido que se le puede dar efectivamente a la reforma constitucional y aquello que no es susceptible de ser incluido. Resaltó que “la Constitución normalmente lo que establece son presupuestos mínimos”, constituyéndose en un paraguas normativo provincial, pero no puede determinar la estructura ministerial, ni el diseño institucional de cada gobierno. La Constitución reconoce la participación del Estado en determinados temas y reconoce derechos de todos los habitantes de la provincia. Entonces, es allí donde se torna importante “pensar un articulado que hable de la importancia de la inserción estatal o de que el Estado sea parte del sistema científico-tecnológico”. Así, instó a los presentes a que lleguen a un acuerdo acerca de la redacción de una propuesta que, posteriormente, hagan llegar a los constituyentes de todos los sectores.

 

Conclusiones

 

El debate permitió reconocer un claro “núcleo de coincidencias básicas” entre los participantes, quienes acordaron en que se torna esencial la incorporación de los derechos vinculados a la ciencia, la tecnología y la innovación en la próxima reforma constitucional de la Provincia. Dado que tuvo lugar un consenso transversal respecto de la necesidad de otorgar rango constitucional a estos derechos.

 

Por una parte, se destaca el acuerdo generalizado sobre la inclusión del derecho desde un doble enfoque: el derecho a acceder a los beneficios del conocimiento como el derecho a participar en su producción. A tal fin, se sugirió incorporar un artículo que reconozca el derecho al conocimiento científico, tecnológico y a la innovación, así como el deber estatal de garantizar las condiciones institucionales, presupuestarias y territoriales para su desarrollo. Sin embargo, Cattalini fue clara en que la Constitución no puede definir presupuestos ni el diseño institucional de los gobiernos, descartando esta posibilidad.

 

Por otra parte, se propuso establecer el principio de transversalidad del conocimiento científico y tecnológico en la implementación de políticas públicas, particularmente en áreas estratégicas como salud, ambiente, etc. Así, la ciencia es entendida como un instrumento para fortalecer otros derechos fundamentales.

 

Además, se valoró la posibilidad de que la autonomía municipal incorpore competencias propias en materia de ciencia y tecnología, mediante el reconocimiento del rol activo del Estado en el sistema científico-tecnológico.

 

Por último, fue recurrente la mención a la necesidad de institucionalizar mecanismos de asesoramiento científico permanente, como la creación de un Consejo Provincial de Ciencia, con participación de universidades, institutos de investigación y sectores productivos, que actúe como órgano consultivo para la formulación y evaluación de políticas públicas.