Ambiente

Ambiente

 

El 25 de marzo se desarrolló en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Rosario el primer encuentro del ciclo Diálogos para la Reforma, centrado en el eje de ambiente y cambio climático. La jornada reunió a referentes de la política, la gestión pública, la academia y organizaciones de la sociedad civil para debatir en torno a los desafíos ambientales de la provincia y la necesidad de incorporar nuevos principios rectores en la futura Constitución.

 

Participaron del encuentro: Lionella Cattalini, Enrique Estévez, Cecilia Mijich, Verónica Irízar, Fabricio Fiatti, Pilar Bueno Rubial, Flavio Faccendini, Valentina Barquero, Ignacio Polenta, Valentín Baccelli, Rodolfo Martínez, Silvia Molina (ONG Protegiendo Nuestros Árboles Rosario), Sheila Carr y Cecilia Nieto, quienes aportaron perspectivas diversas para pensar una Santa Fe más justa, sostenible y comprometida con el futuro.
 

Desde una mirada amplia que incluyó el derecho al agua, la transición energética, el protagonismo juvenil y la educación ambiental, el encuentro propuso claves para que el nuevo texto constitucional no sólo reconozca el derecho a un ambiente sano, sino que siente las bases de una política ambiental con capacidad real de transformación.
 

Introducción

El cuidado del ambiente y las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático no forman parte de la vigente Constitución de Santa Fe, sancionada en 1962. Dicho texto solamente toma en cuenta el uso de suelo en lo que respecta a la actividad agrícola. Así, en su artículo 28 “ (...) Protege el suelo de la degradación y erosión, conserva y restaura la capacidad productiva de las tierras y estimula el perfeccionamiento de las bases técnicas de su laboreo. Resguarda la flora y la fauna autóctonas y proyecta, ejecuta y fiscaliza planes orgánicos y racionales de forestación y reforestación”. 

Es por ello que la Reforma Constitucional es una oportunidad histórica para incorporar la temática ambiental de manera seria, basada en evidencia científica y acuerdos internacionales. La Ley de Necesidad de Reforma sancionada en noviembre de 2024 plantea en este sentido algunas directrices que abren la puerta para discutir una agenda ambiental en la Constituyente, y fue en dichos términos que se organizó este debate con la comunidad y la sociedad civil. 

Metodología de trabajo

 

Se llevó adelante un debate horizontal, en formato de mesa redonda, dividido en 3 ejes. Cada uno de ellos contó con oradores especialistas en las temáticas, y al cabo de las exposiciones iniciales se llevaron adelante intervenciones espontáneas de los y las participantes a través de una lista de oradores. A continuación se presentan los principales aportes y conclusiones.

Informe de intervenciones

Primer eje - Protección del ambiente y desarrollo sostenible.

Durante la primera parte del encuentro, el debate giró en torno al inciso d.1.7 de la Ley de Necesidad de Reforma, el cual plantea la protección del ambiente: “Se habilita la discusión en el sentido de incorporar una regulación que consagre el derecho a un ambiente sano y sustentable, y contenga principios en materia de protección del ambiente y los recursos naturales, ordenamiento ambiental, desarrollo sostenible -contemplando la sostenibilidad económica, social y ambiental de las actividades que se desarrollen en el territorio de la Provincia- y el cambio climático”

Para exponer en torno a estas temáticas, fueron convocadas la Subsecretaria de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Provincia de Santa Fe, Ing. Cecilia Mijich, y la Subsecretaria de Cambio Climático y Transición Ecológica Justa de Rosario, Dra. Pilar Bueno. 

En relación con la cuestión ambiental en la Constitución de 1960, Mijich señaló que el texto vigente apenas menciona el ordenamiento territorial, sin abordar otras dimensiones fundamentales. Explicó que Santa Fe es una provincia con recursos estratégicos que serán clave en el futuro, tales como los alimentos, la energía y el territorio. Enfatizó la dependencia de la provincia del sistema eléctrico nacional, que se encuentra en crisis, y resaltó la necesidad de desarrollar fuentes de energía propias, aprovechando los recursos naturales disponibles, como el agua, la energía solar y los biocombustibles. En este punto, destacó que Santa Fe produce más del 80% del biocombustible del país y cuenta con un sector agropecuario con potencial para la generación energética a partir de residuos.

Asimismo, Mijich advirtió sobre la pérdida de capital natural en la provincia, en particular la reducción de bosques nativos en los últimos 60 años. Subrayó la necesidad de una mirada integral del territorio que contemple tanto los sectores urbanos como rurales y las consecuencias del cambio climático. Además, hizo hincapié en el papel fundamental de las empresas públicas en la gestión ambiental y energética, mencionando a la Empresa Provincial de Energía, Enerfe, y otras compañías encargadas de la gestión del agua y los residuos. En su opinión, sin estas herramientas estatales, sería mucho más difícil avanzar en una transición energética y en la mejora de la infraestructura ambiental.

Por otro lado, Mijich reflexionó sobre la tensión entre la inmediatez de la vida cotidiana y la necesidad de procesos de largo plazo en la planificación ambiental. Además, destacó la importancia de la planificación estratégica en la infraestructura y el desarrollo territorial, considerando que actualmente el 70% de la población santafesina vive en grandes ciudades, mientras que la ruralidad continúa despoblándose.

Para finalizar, Mijich afirmó que si bien existen muchas normativas y leyes ambientales, la reforma constitucional representa una oportunidad única para consolidar principios rectores que brinden garantías ambientales para las futuras generaciones. En ese sentido, instó a los convencionales constituyentes a definir con claridad el rol de las empresas públicas y la orientación del desarrollo sostenible en la provincia. Concluyó reafirmando su disposición a continuar trabajando en estos temas y aportando a la discusión.

Por su parte, Pilar Bueno inició su intervención expresando su preocupación por la falta de debate sobre la temática ambiental en el proceso de reforma constitucional, resaltando la importancia de aprovechar esta oportunidad histórica para incluir disposiciones más avanzadas en materia de cambio climático y sostenibilidad.

Señaló que el proyecto de reforma ya establece ciertos elementos mínimos, como la promoción de la educación ambiental y la protección del ambiente, pero consideró fundamental que la nueva Constitución vaya más allá de estos aspectos. Advirtió que limitarse a estos principios equivaldría a repetir lo establecido en la reforma constitucional nacional de 1994, sin reconocer los avances normativos y científicos de las últimas décadas. En este sentido, mencionó instrumentos internacionales clave, como la Agenda 2030, el Acuerdo de París y el Acuerdo de Escazú, así como normativas nacionales como la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental N° 27.520 y la Ley Provincial N.º 14.019 de Cambio Climático.

Bueno subrayó la importancia de incorporar principios fundamentales en la Constitución, como la justicia climática y ambiental, la progresividad de los esfuerzos y la resiliencia. Enfatizó la necesidad de establecer el derecho a un sistema climático estable, lo que implica evitar traspasar los límites planetarios y garantizar la no regresión en términos de desarrollo humano. Explicó que la progresividad en la mitigación del cambio climático debe ser un principio rector, asegurando que los compromisos ambientales no retrocedan con los cambios de gobierno y que cada acción sea más ambiciosa que la anterior. En este sentido, destacó que la mitigación del cambio climático, es decir, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la adopción de prácticas sostenibles, no debe ser solo una responsabilidad estatal, sino también una obligación compartida con el sector privado y la ciudadanía. La progresividad implica que cada nueva política ambiental debe representar un avance respecto a las anteriores, garantizando un compromiso creciente con la sostenibilidad y evitando retrocesos que puedan comprometer los logros alcanzados. Así, establecer este principio en la Constitución permitiría blindar las políticas climáticas contra retrocesos derivados de cambios políticos y asegurar que la provincia continúe avanzando en la reducción de su impacto ambiental.

Asimismo, planteó la necesidad de reconocer el derecho a la adaptación al cambio climático como un derecho humano, lo que permitiría proteger a las comunidades más vulnerables frente a eventos extremos y cambios ambientales irreversibles. Expresó su preocupación por el desfinanciamiento de políticas de adaptación y sus consecuencias directas en la supervivencia de las poblaciones más afectadas, incluyendo la pérdida de hogares, medios de vida y ecosistemas esenciales.

Para finalizar, Bueno hizo un llamado a la valentía política y social en el tratamiento del tema ambiental dentro del proceso de reforma constitucional. Insistió en que es necesario salir del miedo generado por la pérdida de derechos y posicionar la cuestión ambiental como un eje central de la discusión pública. Reafirmó su compromiso y el de su espacio institucional para contribuir a este proceso, convocando a la academia, las organizaciones y los distintos actores políticos a participar activamente en el debate y construcción de un marco normativo que garantice un futuro sostenible para la provincia de Santa Fe.

Segundo eje - Derecho al agua

Durante este segundo momento, el debate giró en torno al inciso d.1.8 de la Ley de Necesidad de Reforma, sobre derecho al agua: “Se habilita la discusión en el sentido de reconocer el derecho de acceso al agua en condiciones de igualdad”.

Para exponer en torno a esta temática, fue convocado Aníbal Faccendini, quien desde su experiencia en la Cátedra del Agua, enfatizó durante su intervención la necesidad de transformar la concepción del agua como un recurso hacia la consideración de un bien común universal, compartido por todos los seres vivos. Argumentó en contra de su mercantilización, resaltando las luchas históricas contra la privatización y a favor de la gestión pública del agua en la provincia. Propuso dos artículos para la reforma constitucional: el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento, y la innovadora idea de otorgar personería jurídica a los ríos y humedales provinciales. Además, subrayó los riesgos del desconocimiento del cambio climático, alertando sobre sus impactos desproporcionados en las comunidades más vulnerables, destacando la urgencia de una nueva cultura del agua.

Tercer eje - Jóvenes Protagonistas

El último momento abordó de manera conjunta el Artículo 29 de la Ley de Necesidad de Reforma, el cual contempla “reconsiderar las condiciones para el ejercicio de los derechos políticos, en particular, las referidas al sufragio activo, en lo relativo a la edad y a la nacionalidad”; y los artículos 109, 110, 111, 112 y 113, en los que se considera “ampliar la protección del derecho humano a la educación de acuerdo con la actualidad del sistema educativo”, particularmente con respecto a temáticas como la alfabetización e inclusión digital, conectividad, democratización del conocimiento y de acceso a la tecnología y promover la educación ambiental.

Este bloque abarcó las intervenciones de jóvenes miembros de organizaciones de la sociedad civil de la ciudad de Rosario. El primer aporte correspondió a Valentina Barquero, quien desde su experiencia en el Consejo Económico y Social de la Provincia, señaló la escasa participación de jóvenes en espacios clave de deliberación, lo cual a su criterio limita la diversidad de perspectivas en la formulación de políticas públicas. Propuso que la participación juvenil sea un eje transversal en la nueva Constitución, evitando el encasillamiento de las juventudes en ámbitos aislados y promoviendo su inclusión en instancias de poder real.

Finalmente, destacó la importancia de las nuevas tecnologías y la digitalización como herramientas que pueden fortalecer la relación entre el Estado y la ciudadanía, en especial a través de mecanismos como la consulta popular. Señaló también la necesidad de generar un diálogo intergeneracional en torno a la regulación de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, resaltando el rol clave de las juventudes en aportar miradas actualizadas y comprometidas sobre estos desafíos.

Por otro lado, Ignacio Polenta enfatizó la necesidad de consolidar la educación ambiental como un eje estructural en la reforma constitucional. Consideró que, aunque la provincia de Santa Fe ha avanzado significativamente en políticas educativas en materia ambiental —como la adhesión a la Ley Yolanda y el desarrollo de programas interinstitucionales—, estas iniciativas aún carecen de un respaldo constitucional que las proteja de vaivenes políticos y garantice su continuidad a largo plazo. En este sentido, defendió la inclusión explícita de la educación ambiental en la nueva Constitución.

Además, sumó su propia perspectiva al señalar que no sólo debe contemplarse a jóvenes adultos, sino también a adolescentes que ya han demostrado, a través de diversos programas estar a la altura de los debates públicos y de la toma de decisiones. Argumentó que el sistema actual no debe subestimar el potencial transformador de los más jóvenes, quienes, con propuestas de alta calidad, se han ganado su lugar en los espacios de decisión. Afirmó que el contexto de reforma constitucional ofrece una oportunidad única para institucionalizar estas prácticas, y ejemplificó que esto se podría efectivizar en espacios como el Comité Asesor frente al Cambio Climático de la ciudad de Rosario.

Por último, Rodolfo Martínez, integrante de la Multisectorial Humedales y voluntario en distintas iniciativas vinculadas a la protección ambiental en la región del río Paraná, planteó una perspectiva crítica y situada sobre el ambientalismo. Desde su experiencia, destacó la importancia de articular la acción en las calles con la participación en espacios institucionales, señalando que la incidencia territorial en consejos consultivos y áreas protegidas, como la Reserva de los Tres Cerros o la Isla de los Mástiles, permite traducir la protesta en propuestas concretas.

Subrayó la necesidad de abordar la problemática ambiental desde una lógica territorial, centrada en el agua, el aire, los bosques urbanos y los humedales, sin caer en visiones extremas o puristas, sino buscando acuerdos entre la conservación y la producción. Propuso convocar a actores como la Red Nacional de Docentes por los Humedales para fortalecer la educación ambiental desde experiencias ya existentes, y remarcó el valor del ambientalismo comunitario que emerge desde el compromiso cotidiano de vecinos y vecinas.

Una de sus principales propuestas fue institucionalizar la capacidad de denuncia ciudadana a través de la creación de personerías jurídicas para organizaciones ambientales, permitiendo así canalizar formalmente las demandas frente a delitos ambientales. En este sentido, sostuvo la necesidad de avanzar hacia una figura penal para las infracciones ambientales reiteradas, como herramienta disuasoria frente a la lógica económica que muchas veces minimiza el impacto de las multas.

Luego de estos disparadores, tomó la palabra Enrique Estévez, Ministro de Ambiente de la Provincia, quien resaltó la importancia de incluir en la reforma constitucional conceptos clave como el ordenamiento territorial ambiental y la cuestión metropolitana, y cuestionó las falsas dicotomías entre ambiente y producción. 

Subrayó, además, la importancia de que la reforma constitucional se legitime a través de un proceso participativo, en el que colegios profesionales, organizaciones de la sociedad civil, universidades y otros espacios tengan un rol activo. En ese marco, planteó que la Constitución debe ser una oportunidad para ampliar derechos ambientales, pero también para fortalecer la capacidad estatal de hacerlos efectivos a través de herramientas legales y operativas para hacer cumplir los derechos consagrados.

El siguiente en tomar la palabra fue Fabricio Fiatti, resaltando que la agenda ambiental, aunque a veces relegada, debe volver al centro de la discusión pública. Retomó las ideas de Enrique sobre la importancia de la Constitución para que la ciudadanía pueda exigir la rendición de cuentas, y propuso pensar una carta magna que abarque el ambiente en su sentido amplio: desde el ordenamiento territorial hasta el rol de las empresas públicas, pasando por la organización de las ciudades. Todo ello en clave de futuro, pero anclado en un presente que ya requiere respuestas concretas.

En tercer lugar Silvia Molina, presidenta de la ONG “Protegiendo nuestros árboles Rosario”, aportó al debate una defensa enfática del derecho colectivo a un ambiente sano, reclamando mayores garantías institucionales para la protección del arbolado público y los espacios verdes urbanos. Señaló la urgencia de establecer mecanismos constitucionales que aseguren la transparencia en la información pública ambiental, la participación ciudadana efectiva en decisiones urbanas, y la limitación de desarrollos inmobiliarios que comprometan el equilibrio ecológico. Su intervención resaltó la necesidad de reconocer constitucionalmente la función social del ambiente urbano, promoviendo la planificación sustentable y el acceso ciudadano a documentos oficiales como condición básica para ejercer el control democrático sobre los bienes comunes naturales.

En cuarto lugar intervino Sheila Carr, cuya principal propuesta fue incluir la educación ambiental como parte estructural de la currícula escolar, y no como una actividad esporádica. Reclamó la formación adecuada de docentes y el protagonismo juvenil en este proceso, ya que son quienes mejor comprenden las formas de pensar y sentir de sus pares. Agregó que con las infancias ya existen buenos resultados y que es posible generar cambios reales si se trabaja de manera constante y seria desde la educación formal con más sectores de la sociedad.

Por último, Valentín Baccelli, de Jóvenes por el Clima, destacó la importancia de que las juventudes ambientalistas participen activamente en el proceso de reforma constitucional, especialmente en un momento en que su organización está comenzando a consolidarse en la provincia. Subrayó la necesidad de un ambientalismo con incidencia política, comprometido con el desarrollo sostenible y articulado con todos los sectores -Estado, sociedad civil y sector privado-. 

Conclusiones

 

El encuentro dejó planteada una convicción compartida: la reforma constitucional de Santa Fe es una oportunidad histórica para reconocer y garantizar derechos ambientales de forma concreta, vinculante y con proyección de futuro.

Se coincidió en que el nuevo texto debe:

• Reconocer el derecho a un ambiente sano, equilibrado y sostenible, incorporando principios clave como justicia climática, equidad intergeneracional, resiliencia y no regresión.
• Constitucionalizar el derecho humano al agua y al saneamiento, entendiendo el agua como un bien común y no como un recurso mercantilizable.
• Fortalecer el rol del Estado y de las empresas públicas en la transición energética, la gestión de residuos y el ordenamiento territorial con criterios ambientales.
• Garantizar la participación ciudadana, el acceso a la información pública y la institucionalización del reclamo ambiental, incluyendo herramientas como la personería jurídica para ríos, humedales y organizaciones ambientales.
• Incorporar la educación ambiental como derecho constitucional, junto al protagonismo juvenil en la toma de decisiones y la representación institucional en materia de política climática.

Desde múltiples enfoques, los participantes coincidieron en que la cuestión ambiental no puede ser un capítulo más: debe atravesar toda la discusión constitucional. El desafío no es solo sumar artículos, sino garantizar herramientas eficaces que hagan de estos principios una realidad tangible para las generaciones presentes y futuras.